
Esta mañana por amplia mayoría de 12 a 4 la Audiencia Nacional ha determinado que Iñaki de Juana Chaos ha de continuar en prisión. Se fustra así el deseo del Fiscal General del Estado manoseado por las necesidades socialistas en su relación con ETA. La justicia española ha decidido aplicar la ley y no la sumisión a los intereses políticos del partido en el Gobierno. El precedente que hubiera constituído la concesión de la "prisión atenuada" sería de tal gravedad que el resto de terroristas tendrían el camino de vuelta a casa señalado para andarlo con una simple huelga de hambre.
El Presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE se posicionó ayer en unas manifestaciones sorprendentes claramente a favor de sucumbir al chantaje etarra. He de expresar mi decepción ante esta actitud en un político, Manuel Chaves, con el cual suelo estar de acuerdo en sus apreciaciones pero esta vez siento la obligación de apartarme sin dudarlo un segundo. Espero que sea circunstancial sin más. Chaves es buen político a pesar de cosas como éstas y su pasividad en el caso de Marbella; al menos es mejor que cualquier otra opción en Andalucía.
El Fiscal General del Estado no tiene opinión propia porque no la puede tener debido a su dependencia del poder político que lo ha nombrado y es evidente que actúa a base de las órdenes que recibe de Ferraz. No es noticia, ha pasado siempre, con todos los Gobiernos. En todo caso ello no es excusa y la necesidad de una reforma legislativa es indiscutible. Un Fiscal General que no sea nombrado de mutuo acuerdo por PP y PSOE carece de credibilidad alguna, da igual que lo nombre la derecha o la izquierda.
Hiere mi delicada sensibilidad el argumento que escucho constantemente en los círculos más recalcitrantes de la izquierda española. La clase política española ha alcanzado unos límites de degeneración que será difícil eliminar. Se trata de la llamada "cuestión humanitaria". De Juana Chaos ha perjudicado a sabiendas de manera intencionada su estado de salud para forzar al Estado a plegarse ante sus exigencias. Su situación no es fruto de una enfermedad o un accidente, él lo ha provocado. Y lo ha provocado para salir de la cárcel. Ante esta realidad el Estado de Derecho ha cumplido de forma ejemplar, como es su obligación, mediante una asistencia médica incontestable. Más no puede hacer. La responsabilidad del sistema está sobradamente satisfecha.
Comparto la opinión de un hombre acostumbrado a la moderación aunque discrepe con sus ideas, Duran i Lleida. Ayer en un ataque de sentido común poco habitual en un nacionalista afirmó la compatibilidad de la continuidad en prisión y el trato correcto a la salud del terrorista. Este planteamiento es sencillamente perfecto, no introduzco ni un sólo matiz. Lo contrario da lugar a una toma de decisiones basada en la actitud del terrorista. Las decisiones judiciales no se pueden tomar pensando en el dolor de las víctimas pero tampoco en la trampa de un asesino.