La Hija de Fabra y los "autosueldos" de los alcaldes

Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón

Terrateniente valenciano y buen padre

Hace mucho tiempo ya que todos los partidos políticos, sin excepción, han perdido el respeto por los ciudadanos y emplean sus votos para burlarse de ellos. Los depropósitos son cada vez mayores y llevan consigo el déficilt democrático reinante en una España rota no por las políticas territoriales sino por la lucha sin piedad por pisar la moqueta de las instituciones.

El caso de la Comunidad Valenciana es especialmente sangrante. El PP ya suma varias mayorías absolutas seguidas que va incluso aumenta progesivamente a pesar de todos los escándalos judiciales y políticos que ostentan quienes allí se presentan como candidatos. De nada han servido las advertencias de la UE sobre el afán urbanístico desmedido o alcaldes condenados como el de Villarreal que han tenido que dejar el cargo. Los valencianas callan, consienten y votan.

El PP ha designado como senadora autonómica a la hija del todopoderoso Carlos Fabra imputado por diversos delitos que van desde el cohecho hasta el tráfico de influencias. Y, coincidencias de la vida, esa querida hija del ilustre mandatario conservador está a su vez casada con un consejero de Esperanza Aguirre. Todo queda en familia. La gran ventaja: los programas del corazón no hablarán de ellos. No hay folclórica que atraiga la atención. Miserias de la sociedad de la información.

Otra cuestión realmente humillante es la absoluta libertad que ostenta una Corporación Municipal para fijar los sueldos sin ningún límite a sus alcaldes y concejales. La ley deja vía libre para todo tipo de abusos, no hay topes. Ni por abajo ni mucho menos por arriba. En Mijas el ya ex-alcalde del PSOE ha tenido que dimitir por querer ser el mejor pagado de España alegando que así evitaría caer en "tentaciones". Esto es, las personas que van en las listas no son honradas per se sino que hay que asignarles altos sueltos para conseguir que lo sean. Sencillamente insultante, vale todo.

Es de imperiosa necesidad un ley del Gobierno de España que establezca parámetros a la hora de establecer esos sueltos en función de la población, tiempo de dedicación, renta media de la localidad, etc. Ahora el único criterio es el enriquecimiento propio.